Cómo afectó la pandemia las denuncias de mujeres víctimas de violencia de género, la situación de NNA migrantes y las medidas que ha tomado el Poder Judicial para difundir los protocolos de acceso a la justicia de grupos vulnerables fueron los temas expuestos por  la Dirección de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos de la Corte Suprema en el encuentro internacional organizado por el programa EUROsociAL+.

En la edición de ayer del encuentro “Pactos políticos y sociales para una nueva América Latina. Equidad, Derechos Humanos y Democracia” se desarrollaron una serie de paneles, siendo uno de ellos el denominado “Acceso a la Justicia y grupos en situación de vulnerabilidad”. En este participaron, miembros de los poderes judiciales, ministerios públicos, defensorías, instituciones de distintos países de Latinoamérica y representantes de la Corte Suprema de Chile.

El Poder Judicial fue representado por la DAIDH, cuya directora es Natalia de Azcuénaga, y la exposición estuvo a cargo de Francisca Terminel, jefa de la Unidad de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos de esa dirección.

Actualmente, la DAIDH ejerce la Secretaría Técnica del Subcomité sobre Acceso a la Justicia de Grupos Vulnerables en el Poder Judicial chileno, instancia presidida por la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.

En el panel también participaron Angela Russo de Cedeño, ministra de la Corte Suprema de Justicia de Panamá e integrante de la Comisión de Reglas de Brasilia de la Cumbre Judicial Iberoamericana; Vanessa Acosta, ministra de Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia y coordinadora de la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial de Republica Dominicana; Mariela Solari, directora de la Unidad de Victimas y Unidad de Género de la Fiscalía de Uruguay; y Sara Castillo Vargas, directora Ejecutiva de la CONAMAJ del Poder Judicial de Costa Rica.

Medidas

Durante la primera parte de su intervención, Francisca Terminel se refirió al impacto que tuvo la pandemia en el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia de género y los niños niñas y adolescentes.

“Al comienzo de la pandemia se compararon los ingresos de causas por violencia intrafamiliar y medidas de protección de niñas, niños y adolescentes con las del año anterior y, efectivamente, disminuyeron el ingreso de número de causas”, explicó.

Sin embargo, esto contrastó con que habían aumentado los llamados telefónicos a Carabineros de Chile. “Esto significaba que las mujeres no se estaban acercando a los tribunales. Puede haber sido consecuencia de las cuarentenas que eran bastante estrictas. Frente a eso, la Corte Suprema decidió dictar un auto acordado en 2020, que es una normativa interna para todo el Poder Judicial, donde se menciona específicamente que hay que potenciar el acceso a la justicia de aquellos grupos más vulnerables”, agregó.

Esta medida tuvo dos objetivos: aumentar los canales de denuncias para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia de género y niños, niñas y adolescentes, y lograr la coordinación interinstitucional durante la pandemia.

Explicó que este auto acordado se potenció con la difusión de la Secretaría de Igualdad de Género y No Discriminación de la Corte Suprema.

Protocolos

La jefa de la Unidad de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos de la DAIDH continuó su presentación compartiendo la experiencia del Poder Judicial Chileno sobre la elaboración y difusión de medidas relacionados con el acceso a la justicia de grupos vulnerables.

Actualmente hay seis protocolos sobre acceso a la justicia enfocado en niñas, niños y adolescentes; mujeres víctimas de violencia de género; personas, comunidades y pueblos indígenas; migrantes y personas sujetas a protección internacional; personas mayores; y personas con discapacidad.

“Trabajamos desde 2015 sensibilizando a los funcionarios y jueces del Poder Judicial respecto del acceso a la Justicia de personas migrantes. Ese año se inició un proyecto para dar a conocer el protocolo de acceso a la justicia de personas vulnerables, que se realizó en la Cumbre Judicial Iberoamericana. Desde 2015 a 2017 se difundieron estos protocolos en todas las regiones y cortes de apelaciones a través de distintos seminarios con funcionarios y jueces. También se realizaron talleres de capacitación”, señaló Terminel.

Agregó que EUROsociAL+ “nos acompañó realizando un protocolo de acceso a la justicia para personas migrantes en Chile, que trae recomendaciones específicas para jueces. Por ejemplo, cómo fundamentar sus resoluciones, qué preguntas hacer cuando llega un migrante a su sala de audiencia”.

Durante la pandemia, indicó, se detectó que niños, niñas y adolescentes migrantes estaban ingresando sin acompañante, lo que provocó que el año pasado se creara una mesa de trabajo interinstitucional sobre esta materia en la que participaron policías, jueces, el Ministerio de Justicia, la Defensoría de la Niñez, UNICEF, ACNUR, ONU, entre otras instituciones.

“Se tomaron una serie de acciones. Una de estas es hacer un protocolo para la protección de niños niñas y adolescentes no acompañados y separados en el contexto de la migración y/o en la necesidad de protección internacional y este contiene  principios, pauta de la primera acogida, la derivación, qué debe hacer el juez y la policía”, finalizó.

Revise los protocolos en los siguientes links:

Protocolo de Acceso a la Justicia de Personas Mayores 2021

Protocolo de Acceso a la Justicia de Grupos Vulnerables 2020