“Todos humanos, todos iguales” es la frase que eligió la Organización de las Naciones Unidas para conmemorar hoy el Día de los Derechos Humanos.
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, documento histórico que proclama los “derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.
En ese sentido, el Poder Judicial promueve el irrestricto respeto a los derechos humanos para evitar la discriminación y mejorar el acceso a la justicia de grupos vulnerables.
Algunas de las acciones en esta materia están a cargo del Subcomité de Acceso a la Justicia y la Comisión de Leguaje Claro, siendo ambos presididos por la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.
La Secretaría Técnica de esas instancias está a cargo de la Dirección de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos del máximo tribunal (DAIDH), unidad que desde 2018 ha coordinado la elaboración seis protocolos sobre acceso a la justicia enfocado en niñas, niños y adolescentes; mujeres víctimas de violencia de género; personas, comunidades y pueblos indígenas; migrantes y personas sujetas a protección internacional; personas mayores; y personas con discapacidad. En un inicio, la dirección de esta iniciativa estuvo a cargo del exministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, labor que actualmente desarrolla la ministra Ángela Vivanco.
Estos documentos adaptan a la realidad social y jurídica de nuestro país el Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial sobre Acceso a la Justicia de Personas en situación de vulnerabilidad que surgió de la Cumbre Judicial Iberoamericana, de manera de mejorar el acceso a la justicia y fortalecer la capacidad institucional de darles una efectiva atención y respuesta.
En ellos, se recogen conceptos, principios generales, normas nacionales e internacionales y recomendaciones para juezas y jueces, que se ofrecen como guías de actuación judicial que colaboran en mejorar las condiciones de acceso a la justicia de las personas, especialmente de aquellas respecto de las cuales concurren una o más condiciones que pueden ser consideradas sospechosas de posibles discriminaciones.
Revise los protocolos en los siguientes links:
Protocolo de Acceso a la Justicia de Personas Mayores 2021
Protocolo de Acceso a la Justicia de Grupos Vulnerables 2020
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