El presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, suscribió hoy –jueves 20 de agosto– junto al Fiscal Nacional, Jorge Abbott, un convenio para la transmisión electrónica de oficios y documentos entre el máximo tribunal y el Ministerio Público; el cual tiene por objeto garantizar el diligenciamiento de las solicitudes de asistencia penal internacional utilizando medios digitales, orientado a hacer más ágiles los procesos de cooperación judicial en los que intervienen ambas instituciones.

Este proceso se llevará a cabo entre la Dirección de Asuntos Internacionales y Derechos de la Corte Suprema (DAIDH) y Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional (UCIEX); entidades que utilizarán la transmisión digital de oficios y documentos, mediante correo electrónico. A fin de disminuir los tiempos de tramitación de las solicitudes de asistencia penal internacional y sus respuestas, además del ahorro de costos de despacho.

El convenio, se enmarca en lo dispuesto en la  Ley 20.886 de Tramitación Electrónica, la que se basa en la agilización de los procedimientos judiciales, la eliminación de los expedientes en papel, y en el principio de cooperación.

En la ceremonia, realizada por videoconferencia, el Presidente Guillermo Silva señaló que estos acuerdos garantizan “el debido acceso a la justicia de los ciudadanos, de una manera moderna, que potencia las relaciones y la cooperación interinstitucional”.

Para destacar la eficacia en las comunicaciones digitales, el Presidente destacó que desde la implementación del teletrabajo, “el tiempo promedio de tramitación de los exhortos pasivos es de 67 días, lo que representa una disminución de un 19%, adicional al 50% ya disminuido antes de implementar las últimas acciones de transmisión digital con Autoridades Centrales extranjeras”.

Asimismo, el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, afirmó que el acuerdo pretende dar respuesta al envío de peticiones a los estados extranjeros, “intentando así resolver uno de los aspectos más críticos de la cooperación internacional: la necesidad de que la información, antecedentes o evidencia, puede ser utilizada formalmente en el proceso penal respectivo”.

Al final de la actividad, ambas autoridades suscribieron el convenio, considerado un avance que generará un impacto positivo y efectivo en el acceso a la justicia.