Luego de 2 días de trabajo, la Corte Suprema concluyó –ayer 8 de agosto- las mesas interinstitucionales para la elaboración de una guía de recomendaciones para mejorar el acceso a la justicia de grupos en situación vulnerabilidad. En la jornada, coordinada por la Dirección de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos de la Corte Suprema (DAIDH), participaron jueces y juezas, y representantes de instituciones públicas y la sociedad civil.
La actividad se enmarca en el proyecto de Acceso a la Justicia de Grupos Vulnerables que preside el ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas y que tiene como fin la elaboración de una guía de recomendaciones dirigido a jueces y juezas para mejorar el acceso a la justicia de personas migrantes y sujetas a protección internacional, personas con discapacidad; personas, comunidades y pueblos indígenas; niños, niñas y adolescentes y mujeres víctimas de violencia de género.
Durante estas jornadas los integrantes de las 5 mesas de trabajo pudieron compartir experiencias, dialogar y reflexionar acerca de cuál es el estado actual de las personas en situación de vulnerabilidad y su relación con la justicia e identificar las principales barreras que les impiden el efectivo acceso a ella.
Para la magistrada Paula Stange, jueza del Juzgado de Garantía de Punta Arenas, quien participa del grupo de Acceso a la Justicia de Mujeres Víctimas de Violencia, consideró que actividad es un desafío para el Poder Judicial “enfrentar una temática que es transversal en el Estado, pero desde la perspectiva de los jueces. En ese sentido, dar aplicación a las convenciones internacionales y, particularmente, los compromisos que ha adquirido la Corte Suprema con la Cumbre Judicial Iberoamericana”.
Para el magistrado Germán Olmedo, juez del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia, la guía de recomendaciones les permitirá a los jueces “tener una pauta respecto a cómo enfrentar esta problemática que resulta actual, y que es necesaria e importante para abordar en nuestros trabajos de manera diaria”.
El trabajo de elaboración de la guía de recomendaciones se extenderá hasta noviembre del presente año, luego se presentará al pleno de la Corte Suprema para la aprobación y, por último, será difundido en todas las jurisdicciones.
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