La Corte Suprema, a través de su Dirección de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos (DAIDH), y la Academia Judicial realizaron el jueves 8 de septiembre la tercera edición de los seminarios sobre los protocolos de Acceso a la Justicia de Personas en Situación de Vulnerabilidad.
Estas guías de recomendaciones para jueces y juezas fueron desarrolladas por el Subcomité de Acceso a la Justicia de Grupos y Personas Vulnerables del Poder Judicial, instancia presidida por la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.
En la actividad del día 8 se abordó el “Protocolo de Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad del Poder Judicial”, que contempla un contexto normativo nacional e internacional, un glosario, principios generales y recomendaciones, abordando la implementación de ajustes razonables, el uso del lenguaje, comunicación e información adecuada, accesibilidad y atención diferenciada de acuerdo a los distintos tipos de discapacidad.
La ministra Vivanco señaló en su discurso de bienvenida que “según la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de las personas con deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, en interacción con diversas barreras, pueden obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás”.
Agregó que “tienen derecho a la igualdad de oportunidades y pleno acceso a la justicia; y el mundo contemporáneo ha asumido la plena integración de ellas como una cuestión de derechos y no como un privilegio otorgado desde el paternalismo (…). Este enfoque centrado en los derechos humanos, ciertamente exige establecer las condiciones necesarias para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad al sistema de justicia, incluyendo aquellas medidas conducentes a utilizar todos los servicios judiciales requeridos y disponer de todos los recursos que garanticen su seguridad, movilidad, comodidad, comprensión, privacidad y comunicación, dentro de las dependencias de nuestros tribunales”.
Exposiciones
Posteriormente expuso la abogada María Soledad Cisternas Reyes, enviada Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Discapacidad y Accesibilidad y Premio Nacional de Derechos Humanos.
Explicó que en 2019 se crearon una serie de directrices del acceso a la justicia de las personas con discapacidad, que fueron elaboradas por la relatora en discapacidad de Naciones Unidas, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la enviada especial sobre discapacidad y accesibilidad de Naciones Unidas, cargo que ejerce.
“Luego se ve en la necesidad de crear protocolos que les den claras luces a los poderes judiciales de los distintos países sobre cómo se lleva a la práctica este acceso a la justicia. Es por este motivo que felicito el protocolo chileno porque es un acercamiento muy significativo de cómo pueden los tribunales de justicia, sus operadores, dar vida a este derecho”.
Agregó que “después de un estudio, que se basa en análisis de campo, llegamos a la conclusión de que lo que inspira el acceso a la justicia de las personas con discapacidad es la dignidad de esa persona, que es ese atributo que emana desde la dignidad humana y desde la cual se deben observar el cumplimiento de los derechos humanos y libertades fundamentales”.
En tanto, la relatora de la Corte de Apelaciones de Santiago e Investigadora en Global Initiative for Economic, Social, and Cultural Rights, Lorena Cristina Zenteno Villa, explicó durante su intervención que uno de los principios generales que se recogen en el Protocolo de Acceso a la Justicia es el principio de accesibilidad universal. “Cuando hablamos de esta accesibilidad en los tribunales, no sólo se debe concebir en relación al edificio, sino que a todo el sistema de justicia y también debieran hacerse las coordinaciones respecto del transporte para llegar a esos lugares. Son factores que el operador de justicia debe tener en consideración”, señala.
Respecto de los desafíos manifestó que la Convención “establece un estándar, sin embargo, cuando nos toca resolver los casos nos enfrentamos a una serie de barreras y obstáculos, como las culturales, educacionales y las barreras que dicen con los recursos y la falta de apoyo en la red”.
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